El veto migratorio y su impacto para nacionales de Cuba, Haití y Venezuela. Lo que necesitas saber.
¿Qué establece la proclamación presidencial del 4 de junio de 2025?
La proclamación emitida por el presidente Trump el 4 de junio impone un veto migratorio que restringe total o parcialmente el ingreso a Estados Unidos de personas extranjeras provenientes de un conjunto específico de países. En América Latina y el Caribe, hay tres países incluidos en este veto: Haití, Cuba y Venezuela. La medida aplica a personas extranjeras de los países designados que se encuentren fuera de Estados Unidos en la fecha de entrada en vigor (9 de junio de 2025) y que para entonces no posean una visa válida.
La medida se justificó argumentando que protegería la seguridad nacional y los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, es una acción desproporcionada y discriminatoria, ya que prohíbe el ingreso al país de personas únicamente por su nacionalidad, salvo algunas excepciones. La medida afecta particularmente a personas de países con altos niveles de inseguridad e inestabilidad, negándoles la posibilidad de acceder a protecciones en EE.UU., reunirse con familiares, visitar, trabajar o estudiar en el país.
En la Orden Ejecutiva 14161 del 20 de enero de 2025 (Proteger a los Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional y Pública), el presidente había declarado que “es política de los Estados Unidos proteger a sus ciudadanos de extranjeros que tengan la intención de cometer ataques terroristas, amenacen nuestra seguridad nacional, promuevan ideologías de odio o busquen explotar las leyes migratorias con fines malintencionados”. Bajo esa orden, Trump instruyó al Secretario de Estado —en coordinación con otras autoridades— a presentar un informe identificando países con fallas en sus sistemas de verificación y control migratorio. Ese informe fue entregado el 9 de abril de 2025, con recomendaciones que dieron origen a esta proclamación. Ya durante su primera presidencia, Trump impuso un veto migratorio que fue finalmente respaldado por la Corte Suprema.
¿Cuál es la diferencia entre una restricción migratoria total y una parcial?
Una prohibición total de viaje impide completamente la entrada desde un país específico, afectando tanto a inmigrantes como a no inmigrantes, salvo por algunas excepciones establecidas en la proclamación. En cambio, una restricción parcial limita el acceso a ciertos tipos de visas, como las de turismo, negocios o estudio, pero no impide del todo la entrada de personas de esa nacionalidad.
¿Qué dice la proclamación sobre los haitianos, cubanos y venezolanos?
Haitianos
La inclusión de Haití se justificó alegando que “cientos de miles de haitianos ingresaron ilegalmente a EE.UU. durante la administración Biden”, lo que según el texto representó amenazas a la seguridad nacional. En consecuencia, la entrada a EE.UU. de personas haitianas queda completamente suspendida, tanto para inmigrantes como para no inmigrantes.
Cubanos
Cuba está sujeta a restricciones parciales. El presidente citó como razones la designación de Cuba como patrocinador estatal del terrorismo, su supuesta falta de cooperación con las autoridades estadounidenses, y su negativa histórica a aceptar la repatriación de sus nacionales. Por ello, se suspende el ingreso de personas cubanas como inmigrantes, así como de no inmigrantes con visas B-1 (negocios), B-2 (turismo), B-1/B-2, F (estudios académicos), M (estudios técnicos) y J (programas de intercambio). Además, los oficiales consulares deberán reducir el período de validez de todas las demás visas de no inmigrante emitidas a ciudadanos cubanos.
Venezolanos
Venezuela fue incluida por la ausencia de una autoridad central funcional o cooperativa para emitir documentos civiles y pasaportes, así como por deficiencias en los sistemas de verificación. El texto también señala que Venezuela se ha negado a aceptar la repatriación de sus nacionales, a pesar de que más de 5.900 personas venezolanas fueron deportadas entre enero y junio de 2025. En consecuencia, al igual que con Cuba, se prohíbe el ingreso de personas venezolanas como inmigrantes y como no inmigrantes con visas B-1, B-2, B-1/B-2, F, M y J. También se reduce la validez de todas las demás visas de no inmigrante otorgadas a venezolanos.
¿Cuáles son las excepciones a la prohibición de ingreso?
La proclamación incluye varias excepciones, como para residentes permanentes legales de EE.UU. y personas con doble nacionalidad que viajen con pasaporte de un país no restringido. Además, quienes posean visas válidas emitidas antes del 9 de junio de 2025 están exentos. La proclamación establece expresamente que “ninguna visa de inmigrante o no inmigrante emitida antes de la fecha de entrada en vigor de esta proclamación será revocada en virtud de la misma”.
También están exentas las personas que ya hayan recibido asilo, estatus de refugiado o protección bajo la Convención contra la Tortura. Sin embargo, es importante recordar que todo el reasentamiento de refugiados ha sido suspendido indefinidamente mediante orden ejecutiva y las Oficinas de Movilidad Segura en América Latina han cerrado. Hay limitaciones severas para quienes necesitan protección internacional, especialmente si se encuentran fuera de su país o no tienen una visa válida emitida antes del 9 de junio.
Otras excepciones incluyen a atletas o miembros de delegaciones deportivas que participen en eventos internacionales como el Mundial 2026 o los Juegos Olímpicos 2028, siempre que su viaje sea aprobado por el Secretario de Estado. Tanto el Secretario de Estado como el Fiscal General podrán autorizar excepciones caso por caso si consideran que responde al interés nacional. Otras excepciones específicas están enumeradas en la Sección 4 de la proclamación.
¿Cuál es la situación actual de los nacionales de Haití, Cuba y Venezuela?
Los tres países enfrentan graves crisis humanitarias y retrocesos democráticos. Aunque la administración Trump ha condenado la violencia y las violaciones a los derechos humanos en Haití, Cuba y Venezuela, el veto migratorio tendrá efectos devastadores en personas que huyen de esas condiciones. Además, las visas restringidas ofrecen oportunidades valiosas para estudiantes y profesionales que podrían aportar cultura, conocimiento y recursos a EE.UU..
Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja, con una política de persecución política que ha derivado en violaciones graves de derechos humanos. Es clave considerar la situación de aislamiento y las restricciones a la movilidad: el pasaporte venezolano es uno de los más costosos del mundo (216 USD en un país donde el salario mínimo es de apenas 1,48 USD al tipo de cambio oficial). Venezuela no tiene relaciones diplomáticas ni consulares con EE.UU., ni vuelos directos, y más de 60 países exigen visa a los venezolanos. En países como Panamá o República Dominicana, que usualmente son rutas de tránsito, se exige tener una visa estadounidense válida, algo que ahora será imposible para quienes no la tengan. Aunque la administración Trump ha respaldado a sectores democráticos venezolanos y ha reconocido que las condiciones del país son peligrosas, también ha puesto fin al parole humanitario y al estatus de protección temporal (TPS), dejando en situación de desprotección a muchos venezolanos en EE.UU.
Haití enfrenta una crisis política, humanitaria y de seguridad sin precedentes. En 2021, el asesinato del presidente Jovenel Moïse por mercenarios sumió al país en el caos. Con el colapso de la autoridad estatal, pandillas armadas controlan más del 90% de Puerto Príncipe. La fuerza multinacional liderada por Kenia y la policía haitiana no han logrado restablecer el orden. Más de un millón de personas están desplazadas, la violencia sexual va en aumento y 5,7 millones necesitan asistencia humanitaria. La situación se agrava con las deportaciones masivas desde República Dominicana y la cancelación del parole humanitario y el TPS para haitianos. Incluso quienes huyen de condiciones de vida amenazantes pueden encontrar casi imposible buscar protección en EE.UU.
Cuba sufre escasez crónica de alimentos, medicinas y combustible, agravada por las sanciones de EE.UU. y su inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo. La represión contra la disidencia se ha intensificado, creando graves condiciones de sufrimiento e incertidumbre. La inclusión de Cuba en el veto parcial arriesga cerrar las vías legales para emigrar, especialmente tras la cancelación del acceso al programa de parole humanitario, que era una de las pocas opciones de migración legal y segura.
¿Esta medida puede cambiar?
Aunque el poder Ejecutivo tiene un margen amplio de discrecionalidad en política migratoria, dicho margen no es absoluto. Las decisiones pueden ser revisadas por los tribunales para garantizar que no sean arbitrarias, caprichosas o inconstitucionales. En su primera presidencia, Trump impuso un veto migratorio que fue bloqueado en dos ocasiones por los tribunales, hasta que la Corte Suprema permitió una tercera versión. Algunos analistas consideran que esta nueva versión fue redactada de forma más difícil de retar judicialmente.
Sin embargo, aún podrían hacerse modificaciones. El Secretario de Estado, en consulta con el Fiscal General, el Secretario de Seguridad Nacional y el Director de Inteligencia Nacional, debe presentar un informe al presidente dentro de los 90 días posteriores a la proclamación (y luego cada seis meses) con sus recomendaciones sobre si mantener, modificar o levantar las restricciones impuestas.
¿Qué deberían hacer EE.UU. y otros países de la región?
Para responder ante este veto discriminatorio —que limita el acceso a protección de algunas de las personas más vulnerables del mundo y agravará la separación familiar— el Congreso de EE.UU. debería considerar enmendar la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al presidente la autoridad para imponer restricciones migratorias. Dicha enmienda debería exigir la presentación de evidencia clara que justifique la medida, establecer consultas con el Congreso antes de su implementación y requerir informes periódicos sobre su impacto.
Asimismo, países que hoy exigen visa estadounidense para el ingreso de ciertos nacionales —como Panamá y República Dominicana en el caso de los venezolanos— deberían reconsiderar estas restricciones para no agravar aún más la situación de quienes ya se ven afectados por el veto.
Por último, tanto en EE.UU. como en el resto de la región, las autoridades deben evitar el uso de lenguaje deshumanizante o discriminatorio al referirse a la migración. En lugar de restringir las vías legales, deberían comprometerse con los principios de igualdad y no discriminación, adoptando medidas activas para garantizar que ninguna persona sea tratada injustamente por su nacionalidad, raza, género, religión u otras características protegidas.
Autor: WOLA